Este lunes por la tarde habrá una reunión entre la empresa y el gremio a fin de entablar conversaciones y evitar una medida de fuerza de 12 horas, prevista para este miércoles desde las 12 del mediodía, sobre todo teniendo en cuenta que, debido al paro general de la CGT, al que adhirieron la mayoría de los sindicatos aeronáuticos, la aerolínea de bandera debió cancelar 258 vuelos que afectaron a 20.000 pasajeros, con un costo estimado de 3 millones de dólares. Por ahora, APLA, encabezado por Pablo Biró, es el único que cesaría actividades.
En este marco, desde Aerolíneas afirmaron: “Estamos trabajando para desbloquear el conflicto y evitar cualquier perjuicio para los pasajeros, manteniendo el mismo principio de uso racional de los recursos de la compañía”.
Fuentes sindicales plantean una recomposición salarial en línea con la inflación y puntos de convenio que no se están respetando, tales como tiempos de descanso, programaciones, uniformes, equipamiento electrónico, entre otros.
Sostienen que en el caso de no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones que se concretará este lunes alrededor de las 16, el Gobierno tiene la alternativa de dictar la conciliación obligatoria.
“Seguramente el paro va a traer aparejado arrastre durante toda Semana Santa. Esperemos que no se haga. Hay un montón de instancias para no llegar al paro”, dicen las fuentes.
Cabe recordar que el convenio colectivo había tenido modificaciones a fines del año pasado a partir de un acuerdo entre los gremios y la empresa. La readeacuación incluyó el fin de “privilegios” tales como los pasajes en clase ejecutiva para los pilotos y sus familias, el replanteo del servicio de remises para que pilotos y tripulantes de cabina se trasladen entre sus casas y los aeropuertos, y viceversa, y la hora de tiempo de servicio desde que se suben a los autos que los trasladan hasta que comienzan a trabajar en forma efectiva.
El conflicto surge luego del intento fallido de sacar del directorio de la compañía a Biró, quien fue reelegido como miembro en una asamblea de accionistas para nombrar las autoridades del Programa de Propiedad Participada (PPP). El Gobierno había echado al sindicalista en octubre pasado, en medio de continuos paros en reclamo de paritarias, por considerar que “actuó en contra de los intereses de la empresa en varias ocasiones, promoviendo paros encubiertos y cuestionando la seguridad operativa de la compañía”.
