Sin dar mayores precisiones, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, anunció este jueves la implementación de un régimen de “borrón y cuenta nueva” para resolver deudas recíprocas entre la Nación y las provincias, medida que será publicada en el Boletín Oficial. Según el funcionario, el esquema busca restablecer el federalismo al permitir que las provincias ordenen sus cuentas y avancen hacia una autonomía financiera y económica genuina. De todas maneras, a juzgar por las respuestas a las preguntas que le hicieron los periodistas, no está claro aún la manera en que se implementará. El funcionario tampoco quiso revelar si hay un cálculo del monto de las obligaciones que se buscan cancelar o canjear tanto de la Nación como de las provincias. Está todo, más bien, por verse.
“En las últimas décadas, el centralismo de la Nación ha complicado las relaciones fiscales con las provincias, y queremos revertir esa situación en línea con el objetivo de orden fiscal planteado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión”, afirmó Catalán en una conferencia que dio en la Casa Rosada. El segundo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete señaló que esta medida se enmarca en un “diálogo sincero” que el Gobierno planea establecer con las 24 jurisdicciones, en el que las provincias pueden acogerse al régimen voluntariamente.
El vicejefe de Gabinete explicó que, a través de diversas herramientas, el régimen busca compensar las deudas mutuas con “creatividad” y una “maquinaria imaginativa”. Entre las herramientas propuestas están la transferencia de empresas estatales y tierras fiscales a las provincias, así como la concesión de rutas nacionales. “Nuestra intención es desatar las fuerzas productivas provinciales y que las economías regionales generen riqueza genuina”, destacó Catalán.
Catalán aclaró que las provincias interesadas tendrán un plazo de 30 días hábiles para acogerse al régimen y de 60 días hábiles adicionales para presentar la documentación que acredite las deudas. Para la implementación, se designará como interlocutores a los ministros de Economía y Hacienda de cada provincia, y en el ámbito nacional será el Ministerio de Economía, bajo la Secretaría de Hacienda, el encargado de las funciones operativas.
