Una mujer de 40 años, oriunda de Las Lajitas, localidad del sur de Salta, que logró salir del círculo de violencia de género que ejercía su expareja, L.P., un abogado de 61 años y exministro de Tierra del Fuego, con el que convivía en Río Grande y con quien tuvo un bebé, ahora está luchando contra la decisión de dos juezas, de las dos provincias, que le ordenan retornar al hijo con el progenitor al sur del país.
T. se separó de L.P. en agosto de 2023. Lo denunció en Río Grande por violencia de género (psicológica y verbal) e intrafamiliar, a raíz de lo cual consiguió una perimetral y en paralelo inició un juicio solicitando el cambio de radicación del niño.
La mujer regresó con su bebé a Las Lajitas con su familia. En esta localidad tiene dos hijxs más y una red de afectos que la contiene. También comenzó a trabajar en la localidad de Joaquín V. González y logró independencia económica. En Río Grande no tiene nada de esto, ni un hogar, y debería afrontar la situación con su expareja en situación de vulnerabilidad y desarraigo.
Sin embargo, la jueza de Familia y Minoridad N° 2, Mariana Montero, de Tierra del Fuego, le ordenó volver con el pequeño que ya tiene dos años y regresarlo a Río Grande, o entregarlo al padre para que se lo lleve. Esta magistrada argumenta que el “centro de vida” del bebé es en esa provincia. Por otro lado, la jueza del departamento Anta en Salta, Patricia Rahmer, resolvió el viernes último que se debe dar cumplimiento a aquella orden y está prevista una audiencia hoy para que la mujer entregue al niño o diga cómo lo va a restituir.
A contrarreloj, el defensor civil de Anta, Virgilio Varela, en representación de la madre, y la asesora de Incapaces, María Susana Zenzano Poma, en representación del niño, presentaron dos recursos de apelación con efecto suspensivo contra la sentencia de la jueza de Tierra del Fuego.
Sin embargo, la madre dijo que ya el defensor le comunicó el martes que se prepare para entregar al niño este miércoles o decir cómo va a llevarlo.
Zenzano Poma solicitó la suspensión de la audiencia citada para hoy y que se aparte a Rahmer de la causa. La asesora ya había pedido que se mantenga el statu quo del niño al lado de su mamá y entre sus últimas actuaciones elevó un pedido al Juzgado de Garantías para que se suspenda el régimen de comunicación del niño con el padre y que se disponga para el progenitor la prohibición de ejercer actos de violencia.
La madre del pequeño denunció al progenitor por lesiones porque después de una visita, devolvió al niño con dos hematomas en el rostro.
T. explicó que la jueza Rahmer dispuso un régimen de comunicación con el progenitor y le ordenó llevar al niño desde Las Lajitas a Joaquín V. González tres veces en la semana por una hora y media, de 10 a 11.30. Desde hace dos meses la madre tuvo que acomodar su tiempo y su economía para cumplir con dicha medida.
El viernes último la abuela y tía materna del bebé lo llevaron al juzgado para que lo viera el padre. A la hora de retirarlo, se dieron con la novedad de que el progenitor había sido autorizado por la jueza Rahmer a llevárselo el fin de semana.
T. denunció de forma posterior al padre del bebé. Dijo que el niño tenía dos hematomas en el “cachete derecho y en el lado de la ceja”, detalles que advirtió cuando le tomó una fotografía. Indicó que hizo constatar estos hematomas con un médico de Las Lajitas. Asimismo, denunció el incumplimiento de la perimetral de parte de su expareja porque se acercó a ella cuando fue con los policías a devolverle al hijo.
T. amplió la denuncia contra la jueza Rahmer en la policía y el lunes la denunció en la Superintendencia de la Corte. Señaló “la falta total de perspectiva de género” y afirmó que le dice que ella no eligió al padre del hijo, que “vuelva a Río Grande” y si “no tiene donde vivir es su problema porque está en falta”.
La madre señaló que la magistrada dispuso un régimen de visita “sin preguntar los días, los medios de transporte y quién se haría cargo”. Planteó que “no hay cuota alimentaria” y que el progenitor no paga los gastos de transporte.
Añadió que viene gastando desde hace dos meses $60.000 semanales en transporte para llevar al niño de una ciudad a la otra en los horarios dispuestos por la jueza, y para poder cumplir con esta medida la ayudan sus familiares. Precisó que el progenitor del niño tiene altos ingresos pero solo “colaboró” con $30.000 para la manutención del nene en octubre, noviembre y diciembre; en enero le pasó $50.000 y en febrero no recordó bien si fueron $80.000 o $100.000.
Además, T. denunció que la jueza permitió que la defensa de su expareja cuestione su vida privada en audiencia. Asimismo, dijo que su exconcubino maltrató a la asesora de incapaces y a sus letradas.
El abogado Jorge Sánchez también mencionó una audiencia en la que T. y su cliente estuvieron cara a cara. Aunque consideró que no están prohibidas las audiencias conjuntas, el artículo 9 de la ley 7888 establece “en todos los casos se evitará la coincidencia física entre agresor y víctima. Excepcionalmente, cuando fuere necesaria e inevitable la coincidencia, se arbitrarán los medios para prestar especial atención a la víctima”.
La mujer expresó que se siente “violentada institucionalmente” por la jueza, y considera este proceso persecutorio por el sólo hecho de haber regresado a Las Lajitas para resguardarse de hechos de violencia.
