El gobierno del presidente Javier Milei anunció este lunes la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 para posibilitarle a los trabajadores derivar sin restricciones sus aportes a la obra social o empresa de medicina prepaga que elijan desde el inicio de su contratación, una decisión que amenaza con tensar todavía más la relación de la Casa Rosada con la mayoría de los sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Luego de que se conociera que el Poder Ejecutivo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/23, se conoció este lunes la decisión que termina con la obligatoriedad para los trabajadores de tener que afiliarse, cuando se inicia un vínculo de trabajo, a la obra social del sindicato correspondiente a la rama laboral en la que se desempeña.
Ambas decisiones fueron tomadas en medio de la tensión que existe entre el Gobierno y los sindicatos, una relación que quedó resquebrajada luego del paro nacional que la CGT llevó a cabo el 24 de enero pasado y que, día tras día, suma declaraciones de confrontación.
