Asociaciones civiles de Tierra del Fuego proponen que la Provincia adhiera a la Ley Nacional N° 27.675, sancionada por el Congreso nacional en 2022. La nueva norma reemplaza a la anterior, que regulaba cuestiones médicas inherentes a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), y su enfoque está basado en la perspectiva de derechos humanos. La propuesta emanada de los bloques de FORJA, UCR y UP, tomó estado parlamentario y deberá ser analizada en las Comisiones de Salud Pública N° 5 y de Legislación General N° 1.
La propuesta fue presentada a la Presidenta de la Legislatura, vicegobernadora Mónica Urquiza y tomada por los bloques que presiden Federico Greve, Federico Sciurano y Emmanuel Trentino.
La Asociación Ciclo Positivo; Agrupar C; la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH/SIDA (REDAR); Asociación Civil Unión por los Derechos Humanos (UDH) y la Escuela Popular de Géneros, Disidencias Masculinidades y Cambio Social consideran que adherir a esa norma nacional brindará “a las personas que conviven con VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y Tuberculosis, un sistema integral de garantías a sus derechos de accesos a la salud y a un ambiente libre de discriminación”.
Asimismo sostienen que el texto sancionado por el Congreso de la Nación, establece un sistema “articulado e integral que genera las herramientas en el sistema de salud, en el sistema educativo y en la comunidad para garantizar un trato social libre de discriminación”. También, determina “dos cuestiones centrales sobre este tema: una jubilación especial de carácter excepcional y una pensión no contributiva, creando un Régimen de Jubilación Especial para las personas con VIH, el cual se aplicará también a las personas con hepatitis B y/o C”.
Esta nueva Ley nacional prohíbe las pruebas de VIH en exámenes preocupacionales y crea un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en el que se documentarán y visibilizarán casos de discriminación. En la misma línea, el texto establece que los test serán voluntarios, gratuitos, confidenciales y universales.
Además, se incorpora a la normativa el acceso al tratamiento para las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que en el marco de la Ley actual, “está en manos de la voluntad política del momento”. También prevé un régimen jubilatorio especial para las personas que transiten la enfermedad.
