Los trabajadores del Tribunal de Cuentas vuelven a denunciar violencia laboral de parte de los vocales de la institución.
La semana pasada, la Secretaria General de APOC, Valeria Regueiro, denunció el robo de su computadora con información sensible sobre el Tribunal de Cuentas.
Ahora, Elisa Dietrich, jubilada y ex Secretaria de APOC, volvió a cargar públicamente sobre la figura de Miguel Longhitano, presidente del Tribunal, y afirmó que “muchos de los trabajadores tienen miedo que se acerque un representante del sindicato porque Longhitano odia al sindicato, y es como que está en riego de ser sancionado o perseguido por los vocales”.
“La violencia laboral que hay en el tribunal de cuentas es la más grande que hay en las instituciones públicas. No puedo decir el nombre de las personas afectadas que han sufrido violencia laboral, algunos han estado con carpeta psicológica por el grado de presión y de sometimiento que han tenido. Algunos ya están jubilados, otros se fueron a otros organismos. Otros se han enfermado por las amenazas, y nadie interviene. Como trabajadores, la única esperanza que tenemos de encontrar un mínimo de justicia son los medios”, dijo Dietrich por Radio Provincia.
Según Dietrich “en 2013 Longhitano firmó un convenio con el Poder Judicial donde envió la nómina completa de profesionales, para que la justicia los levante en su página y los cuente como peritos cuando los necesite la justicia, lo que nunca fue consultado con los profesionales. Cuando nos enteramos hicimos las averiguaciones, presenté una nota y cada uno de los profesionales que no querían asumir un compromiso presentaban notas para que se diera de baja ese listado. El Poder Judicial decidió bajar la lista porque se dio cuenta que lo que había hecho Longhitano era decidir sobre la vida de sus empleados, el cree que los trabajadores tienen que rendirle pleitesía, el entiende que todo lo que tenga que ver con el personal, es facultad del presidente”.
“Las denuncias de trabajadores que los han denunciado por violencia laboral duermen en el Poder Judicial, están protegidos, hay un sistema de impunidad en la isla que lo único que nos queda es hacer público lo que pasa para que la gente pueda darnos la posibilidad de contar lo que sucede, los trabajadores están absolutamente desamparados”, advirtió.
“Las instituciones que deberían defender los derechos de los trabajadores, son cómplices del problema. Hay notas enviadas al Ministerio de Trabajo, a cargo de Karina Fernández, que nunca prosperaron”, concluyó.
