Según Juan Pablo de Luca, presidente de Río Grande Activa, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) ya alcanza los USD 200 millones.
Del total del FAMP, el 60% está destinado a proyectos productivos. Mientras que el 40% restante va para obras de infraestructura.
El 75% de los fondos del FAMP los aportan las fábricas de Río Grande.
Días atrás, un decreto del Gobierno Nacional modificó la distribución de los fondos del FAMP imponiendo un nuevo actor: el mismo Gobierno nacional.
“Hasta ahora los que presentaban los proyectos para financiar infraestructura eran los municipios y el gobierno provincial, ahora el mismo gobierno nacional puede presentar los proyectos y es el mismo que los aprueba. Pasa a ser juez y parte, en un momento en el que para Rio Grande se ha cortado el financiamiento para 10 obras que estaban en ejecución”, dijo De Luca por FM La Isla.
En cuanto al comité ejecutivo, nunca fue conformado formalmente. Lo que existe es un triunvirato, integrado por dos personas del gobierno nacional y un representante del gobierno de la provincia, que son quienes aprueban y deciden la ejecución de los proyectos privados y de infraestructura. La discrecionalidad es total.
“Noelia Ruiz, presidenta actual del comité, explicó que se está armando una matriz donde se clasifican los proyectos, pero la decisión termina siendo política del comité ejecutivo y así es como se deciden los proyectos”, concluyó De Luca.
