Luego de la modificación del subrégimen industrial fueguino, surgió la polémica con distintos especialistas en derecho, sobre el destino final que el Gobierno Nacional pretende darle al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva.
En octubre de 2021 se dictó el decreto 727, que prorrogaba la 19640, en el mismo momento, se creó el FAMP. El artículo 4 de la prórroga dice que los empresarios que quieran acceder a los beneficios del decreto, deberían aportar el 15% del ingreso del valor agregado de lo producido en Tierra del Fuego, para un fondo fiduciario privado.
El articulo dice que el presidente podrá modificar, reducir, o ampliar los beneficios de la ley.
“Esto no está dentro de las facultades del presidente porque se está tratando de sacar dinero y desviarlo para una actividad privada, y este es un régimen de excepción impositiva, no se puede derivar eso a personas privadas o a otros que no sean beneficiarios de la ley”, aseguró el abogado Raúl Aciar, especialista en la ley de promoción industrial, por radio provincia.
Ahora, el decreto del presidente Javier Milei 111/25 modificó el anterior. La parte en la que los empresarios debían aportar el 15% del 21% del IVA, el 40% de ese 3% va a ir para infraestructura que presenten la provincia y los municipios de Tierra del Fuego.
“Así como está le da de comer a los detractores de la 19640. En la administración anterior estuvimos a punto que se derogue el régimen y esto sigue existiendo. Esto puede llegar a ser motivo de polémica, esperemos que no”, entendió Aciar.
Y afirmó que, de esta manera, la nación “le esta sacado un 40%, después vemos donde va ese 40%”.
“Esa plata también se la puede llevar el estado nacional, y hay un silencio de parte de las autoridades provinciales. Está el riesgo de que se vaya para otros lugares, porque el articulo dice “para la Nación”, no dice “para Tierra del Fuego””, dijo el abogado.
“El gobierno de la provincia debería hacer planteos para que esto se ponga en su lugar y sea beneficioso para nosotros, porque viene desprolijo, no hay una claridad. Corresponde que la provincia realice las acciones necesarias para aclararlo”, concluyó.
