La enfermera Graciela Flamenco, trabajaba como personal civil en la Unidad Penitenciaria de Río Grande. Denunció irregularidades en una «caja chica», lo que representa malversación de fondos públicos, y fue desplazada, con sus haberes suspendidos.
El caso tomó trascendencia pública. El abogado de Flamenco denunciada por los medios la frágil situación económica de su defendida, que se encontraba sin ingresos.
Pero Normando Ciares, director del Servicio Penitenciario, dio su versión de los hechos. Según Ciares, la mujer, además de trabajar de enfermera en la unidad penal, también estaba trabajando en el Centro Municipal de salud Mamá Margarita, de Río Grande.
Según la Constitución de la provincia, en su Artículo 9, dice que “ninguna persona podrá acumular dos o más empleos públicos rentados, ya sea de planta permanente o por contrato, así sean nacionales, provinciales o municipales, con excepción del ejercicio de la docencia o la investigación científica”.
“Si como director del servicio penitenciario dejo que esta persona cobre dos haberes de la provincia, el que comete el delito soy yo”, dijo Ciares por FM Del Pueblo.
Otra cuestión está relacionada con un argumento de Flamenco para tomarse una licencia médica. Según la mujer, se tomaba la licencia por una patología relacionada con su trabajo en el servicio penitenciario.
Pero el órgano de contralor de las licencias en la administración pública, Fiscalización Sanitaria, determinó lo contrario. La patología que adujo Flamenco no se encuentra vinculada al Servicio.
Mientras tanto, por la denuncia de Flamenco, Ciares fue imputado por abuso de autoridad.
Si bien la mujer le había pedido que le devuelvan sus haberes, la Justicia entendió que no hay elementos para obligar a la administración pública a que le pague los haberes.
