El Gobierno redujo durante enero un 98% las transferencias discrecionales a las provincias y anunció este jueves que disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, dos medidas que despertaron el rechazo de gobernadores e intendentes, en medio de los cruces por la frustrada ley “Bases”.
“Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la reducción en las partidas durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni indicó que la decisión del presidente, Javier Milei, busca dotar de transparencia “un sistema que funcionaba en favor de la propia política”, aunque aclaró que la Nación mantendrá el envío a los distritos de los recursos que habitualmente distribuye por medio de transferencias automáticas.
“Las cajas para hacer política se han terminado”, sostuvo Adorni.
Las transferencias discrecionales que el Gobierno nacional gira a las provincias y la ciudad de Buenos Aires representan el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos, aunque con una marcada dispersión entre ellos, según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base a datos del Ministerio de Economía y de los gobiernos provinciales.
La reducción casi total de esos fondos se conoció horas después de que el Gobierno anunciara una disminución del subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional para, de ese modo, concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
La medida, confirmada por medio de un comunicado de la Secretaría de Transporte, contempla además la eliminación, a partir de este año, del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.
Ambas decisiones gubernamentales impactan en las finanzas de las provincias y se anunciaron dos días después de que el presidente Milei expresara su molestia con un grupo de gobernadores porque, indicó, los diputados que representan a las provincias en el Congreso Nacional no respaldaron con su voto el tratamiento en particular del proyecto de ley “Bases” tras haber recibido una aprobación en general.
“Esto guarda relación con el Pacto Fiscal que los gobernadores y el Gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018, en donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales. El objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y ancho del país”, resaltó Adorni.
