El presidente electo dijo que buscará derogar la ley sancionada en 2019 y reformada meses atrás por el Congreso.
“Lo único que ha hecho la ley de Alquileres fue daño”. Con esas palabras, el presidente electo Javier Milei prometió una fuerte avanzada contra la norma que regula los contratos de millones de inquilinos en todo el país y que hace un mes fue modificada por el Congreso. El libertario quiere derogar la normativa y regresar al sistema que rigió hasta hace años, sin regulaciones de precios. Qué implicaría y qué podría pasar con los contratos de alquiler.
Para el libertario, la actual normativa por la que se rigen más de 8 millones de inquilinos hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”. “Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño”, dijo, a la par que se manifestó a favor de que los contratos tengan “libertad monetaria”. Eso eliminaría cualquier tipo de regulación estatal y regresar a los contratos regidos por el Código Civil y Comercial.
Por ahora, es una verdadera incógnita si una derogación y ausencia de regulación puede beneficiar a los inquilinos, que ya tienen suficientes dificultades a la hora de defender los pocos derechos con los que cuentan, sumado a los precios desmesurados para ingresar a una vivienda.
Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional, advirtió ante la consulta de Página|12 que la derogación de la normativa “va a profundizar la crisis del acceso a la vivienda que ya existe”, y aseguró que este último tiempo fueron trabajando mucho y “militando desde la lucha” ciertas “políticas regulatorias que nunca fueron fáciles” para mejorar el acceso a la vivienda cada vez más complicado.
Sin marco normativo, se “deja la puerta abierta a que la vivienda profundice su aspecto como mercancía dolarizada y el impacto al acceso a tierra y vivienda”. “Es una de las grandes utopías del sector empresario en argentina”, añadió.
Por eso, los escenarios que se abren no son esperanzadores: “Va a haber mayor hacinamiento. Estamos en una situación similar a la década del 30’. Hay un proceso de expulsión de la tierra agraria y de la expulsión de la tierra urbana”.
“El porcentaje de propietarios es del 65 por ciento, que es bajo, pero si tomás las ciudades grandes el porcentaje baja mucho más. Eso quiere decir que no tenés estabilidad habitacional, eso va a profundizar el proceso de expulsión urbana”, finalizó.
En concreto, Milei plantea volver al esquema que había antes de la existencia de la Ley de Alquileres, es decir, acuerdos que se realicen según lo que establece el Código Civil y Comercial. Hasta la sanción de la ley, en 2019, los alquileres eran por un plazo de dos años y la actualización se realizaba de forma semestral, pactada de antemano por el inquilino y el propietario y fijada en el contrato.
De todos modos, las normativas comenzaron a ser reclamadas porque la falta de regulación traía ciertos problemas de previsibilidad y de injusticias para los inquilinos. Por eso se establecieron, entre otras cosas, métodos de cálculo de aumentos y una duración mínima de los contratos.
En la última reforma sancionada en octubre de 2023, se establecieron contratos de 3 años y actualización de precios cada seis meses bajo la fórmula Casa Propia, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un coeficiente basado en la evolución de los salarios y la inflación.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, rechazó el planteo de Milei y advirtió: “Siempre se puede estar peor. La derogación de la ley de alquileres -tan pedida por el mercado, los medios de comunicación y el propio Sergio Massa- institucionalizará la ley de la selva para acceder a la vivienda”.
A lo que añadió: “Las organizaciones inquilinas del país, por supuesto, seguiremos defendiendo a los inquilinos y si es necesario redoblaremos la pelea”.
Muñoz también hizo una crítica a la gestión actual: “Milei plantea cerrar el Ministerio de Hábitat y derogar la Ley de Alquileres. Y estas dos medidas encuentran receptividad también en los propios inquilinos e inquilinas, porque durante estos últimos cuatro años el Ministerio de Hábitat no hizo absolutamente nada por 10 millones de inquilinos”.
